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Urge priorizar una política ambiental para proteger nuestros recursos

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Cuidado ambiental en Perú

Una mirada a los principales problemas ambientales que deberán atender y resolver nuestras nuevas autoridades para garantizar la vida, la salud y la protección de nuestra biodiversidad.

Este último domingo el Perú eligió. Aunque aún falta que la presidencia se defina en un balotaje de segunda vuelta, por el momento ya tenemos a los 130 nuevos congresistas que se encargarán de proponer y aprobar las leyes orientadas al desarrollo económico, político y social del país.

Uno de los temas pendientes, al que a veces no se le da la importancia debida, es sin duda la problemática ambiental. Teniendo en cuenta que el Perú es uno de los países más afectados por los problemas asociados al cambio climático, es importante que esta temática sea tomada en cuenta por nuestros nuevos gobernantes, pues el fenómeno está causando la pérdida de la superficie de nuestros glaciares, así como problemas de abastecimiento de agua y la extinción de la flora y fauna biodiversa de nuestra Amazonía.

El Ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, consideró que, debido al papel fundamental del ambiente en el contexto que se está viviendo con la pandemia, la sociedad debe exigir a las nuevas autoridades una posición clara sobre temas como los retos que trae el cambio climático, la gestión de los recursos hídricos, la conservación y el desarrollo de la potencialidad del bosque en el ámbito amazónico, entre otros.

En tanto, la ex ministra de Cultura Patricia Balbuena señaló que en la campaña electoral casi todos los candidatos a la Presidencia y al Congreso evitaron referirse a la agenda ambiental y a la situación de los pueblos indígenas.

Balbuena indicó que la ausencia de esos temas se explica por el número de votos, pues los candidatos consideraban que la población indígena y los temas ambientales les aportaban pocos puntos porcentuales. “Sin embargo, lo que se debe medir es el impacto de las políticas ambientales en nuestro territorio, en el clima, en nuestros recursos naturales y en la población”, manifestó.

“Existe una necesidad que el tema ambiental gane más espacios de los que ha venido ganando en los últimos años, pues los temas no atendidos terminan generando un impacto general en las personas y no solo en el ambiente”.
Gabriel Quijandría, ministro del Ambiente.

Problemática ambiental crece

Y es que en el Perú hay muchos desafíos. En los últimos años delitos como la deforestación o la minería ilegal son problemas que se han agudizado, ocasionando el crecimiento de las referidas actividades ilegales. Además, las vidas de los defensores ambientales están en peligro por la defensa de sus territorios y continúa el debate por la firma del Acuerdo de Escazú.

Debido a la importancia de poner esta problemática en el debate, aquí le ofrecemos un panorama de los cinco temas pendientes que serán un desafío en la agenda ambiental y que deberían ser incluidos por el gobierno que asumirá las riendas del país a partir de julio del 2021:

1. Recuperación de bosques en la Amazonía

En el país, las cifras de deforestación de los bosques amazónicos siguen siendo muy altas. A fines del año pasado, el Programa Nacional de Bosques (Geobosques) informó que la deforestación en 2019 alcanzó las 148 426 hectáreas. Aunque la cifra es inferior a las 154 765 hectáreas reportadas en el año 2018, sigue siendo elevada y se teme que vuelva a subir nuevamente en el balance del 2020, ya que, debido a la pandemia, hubo mucha libertad para las actividades ilegales en el campo.

De hecho, un reportaje publicado por Mongabay Latam en agosto de 2020 da cuenta de cómo, pese a las restricciones de movilidad, el tráfico de madera continuó abriéndose paso en la Amazonía peruana. Ante ello, el propio ministro Quijandría reconoció que, aunque hay zonas donde la deforestación se ha reducido, también se han detectado nuevas áreas deforestadas que no existían en el 2019.

Sin embargo, no solo la minería causa deforestación. La agricultura de menor escala, como el cultivo de la palma aceitera, que ha crecido durante la etapa de inmovilización social a causa de la recesión económica, también está ocasionando la pérdida de los bosques en la Amazonía peruana. Los expertos temen que la situación desaliente la política conservacionista y señalan la importancia de mantener la estrategia de asegurar la protección de grandes áreas de bosques.

Perú es el sétimo país del mundo con mayor deforestación de bosques primarios, de acuerdo con un análisis de la Universidad de Maryland, publicado en Global Forest Watch.

2. Formalización de la minería artesanal

La actividad minera artesanal ha estado presente en el Perú durante siglos. Entre las causas que explican su proliferación no solo hay factores económicos (alto precio del oro), sino también sociales, laborales y hasta criminales, pues se encuentra directamente asociada con el surgimiento de mafias y conflictos, así como con tráfico de drogas, contrabando, explotación laboral y trata de personas.

Además de la contaminación por los procesos químicos producto de la remoción de tierras y la extracción de mineral usando mercurio, la minería no formal ocasiona la deforestación y pérdida de masa boscosa por la construcción de campamentos y la extracción de oro.

Los impactos ambientales son evidentes. De acuerdo con información del Proyecto MAAP, durante los últimos 17 años el Perú ha perdido más de 2 millones de bosques andinos amazónicos por esta causa. Madre de Dios es la región que más ha sufrido esta problemática, con la pérdida del 38% de su masa boscosa, aunque en Ucayali y en Loreto están surgiendo frentes de deforestación similares.

La minería no formal también tiene impactos relacionados con la criminalidad organizada, pues alienta la formación de redes delincuenciales que encuentran en estas zonas el lugar perfecto para seguir operando, aprovechándose de los grupos vulnerables de personas a las que suele explotar.

Aunque a finales de 2011, durante el gobierno de Ollanta Humala, se empezó con la formalización de la minería artesanal, muy pocos se acogieron a la formalidad por la falta de conocimiento técnico y los trámites ambientales engorrosos. Años después, luego de que se tipificara la minería ilegal como una forma de crimen organizado, se dio más importancia a los operativos para combatir la minería ilegal, pero la formalización siguió rezagada.

Por ello, los plazos de formalización se fueron alargando. El nuevo plazo se amplió hasta el 2022, por lo que ahora es un desafío del nuevo gobierno dar un nuevo impulso a este tema.

Desde el año 2012 apenas se han formalizado en el Perú 117 de las 9,739 unidades de explotación minera existentes, lo que representa apenas el 1.7% del total.

3. Protección a líderes ambientales

Solo durante el año 2020 seis ambientalistas fueron asesinados en el Perú. El último de ellos fue Jorge Muñoz Saavedra, quien había desaparecido tras salir de su casa para ir al bosque al escuchar una motosierra. Tres días después, su cuerpo fue encontrado en una trocha con una lesión en la cabeza.

Muñoz Saavedra había recibido amenazas de mafias dedicadas al tráfico de especies forestales y a la depredación del patrimonio arqueológico. Pero antes que él habían sido asesinados en el país tres líderes indígenas, un guardaparque y un defensor ambiental que también habían sido amenazados por su oposición a la deforestación.

Las víctimas habían pedido garantías para su vida ante las prefecturas locales, pero las autoridades se las negaron. Sus familias obtuvieron la seguridad solo después de los asesinatos. Pese a que el Ministerio de Justicia ha implementado un protocolo para proteger a los defensores de derechos humanos, especialistas sostienen que aún falta mejorarlo, pues sus acciones no son vinculantes y no incluye la articulación con otros sectores.

Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se necesita una herramienta que tenga  rango de ley y que comprometa a otros actores, como el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, para defender la vida de aquellos líderes que protegen la tierra.

4. Ratificación del Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado de derechos humanos que protege y favorece los derechos a la información, participación, justicia y seguridad de las personas en materia ambiental. Fue suscrito en Costa Rica en marzo de 2018 y a la fecha cuenta con la firma de 22 países, entre ellos el Perú. No obstante, para su entrada en vigencia se requiere que 11 países ratifiquen, acepten, aprueben o se adhieran a su contenido y hasta ahora solo nueve países lo han hecho.

Perú firmó el acuerdo en setiembre de 2018, pero no lo ha ratificado. En 2019 el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Resolución Legislativa que recién el año pasado fue puesto al debate en la Comisión de Relaciones Exteriores y fue rechazado con el argumento de que la iniciativa podría afectar la soberanía del Perú, aunque esa posibilidad ha sido descartada.

Según diversos organismos ambientalistas, el Ministerio del Ambiente y la Defensoría del Pueblo, con la ratificación y entrada en vigencia de este tratado, el Perú tendría una herramienta jurídica para mejorar su desempeño en materia de transparencia e información ambiental, así como para implementar mecanismos de acceso a la justicia ambiental y de protección para las personas afectadas en su integridad y seguridad por su labor de defensa de los recursos naturales, tales como los líderes ambientales.

Por ello, es muy importante que nuestro país brinde su respaldo a este importante instrumento de protección de los derechos ambientales.

En octubre del año pasado el Congreso peruano rechazó ratificar el Acuerdo de Escazú, hecho que fue criticado por expertos ambientalistas. El nuevo Congreso tiene la tarea de retomar el debate.

5. Fomento a la conservación marina

Según el compromiso adoptado por el Perú con el Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que establece metas concretas y prioridades de protección de la biodiversidad, para el año 2020 el Perú debía haber alcanzado la protección del 10% de su extensión marina. Sin embargo, ya estamos en 2021 y hasta el momento el país no ha superado el 0.5% de su meta.

Aunque la creación de nuevas áreas marinas protegidas, como la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau y la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, hubieran aumentado la protección del ámbito marino a 6.5%, hasta ahora ninguna de las dos reservas se ha concretado.

A ello hay que agregar que el proceso para la protección del mar con la reducción del plástico de un solo uso, implementando progresivamente la Ley 30884 y su reglamento, tuvo un retroceso con la llegada de la pandemia y la necesidad de usar dicho plástico para que las personas puedan mantener las medidas de bioseguridad.

Por todo eso, hace falta mejorar la gestión de las especies marinas. El Estado está asumiendo el compromiso de implementar tres estrategias de conservación de especies protegidas, aunque no ha precisado cuáles son las especies que se priorizarán.

Frente a todo lo expuesto, hace falta que se trabaje para generar una real y efectiva protección de la biodiversidad y que la labor sea compartida entre las autoridades, la empresa privada y la sociedad civil, con la finalidad de buscar distintas soluciones basadas en la naturaleza e impulsar la resiliencia ante los cambios que nos ha impuesto la pandemia.

“El tema ambiental es estratégico en nuestro país y debe estar presente en la agenda del nuevo gobierno para garantizar la defensa de nuestro medio ambiente”.
Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.

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